Declaración institucional del Consejo de Dirección de Acción Social Empresarial en defensa del Estado de Derecho, la Justicia y la convivencia en el marco de la Constitución.
El Consejo de Dirección de Acción Social Empresarial expresa con esta declaración su profunda preocupación por la grave degradación que los pactos para la reciente investidura a la presidencia del Gobierno suponen para el Estado de derecho en España, la Justicia y la pacífica convivencia entre españoles en el marco de la Constitución.
De una parte, las transacciones partidistas pactadas se asemejan a un contrato mercantil puramente utilitarista entre las partes con desprecio a la ética y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, que llevan consigo una ruptura del bien común y del interés general y atentan contra la igualdad y solidaridad interterritoriales, por cuanto significan, más allá de las legítimas diferencias, privilegiar, económica y socialmente, a determinadas Comunidades Autónomas sobre otras, esto es, a unos españoles sobre otros, y contra la unidad de mercado; y de otra parte, la proposición de ley de amnistía presentada en cumplimiento de tales pactos conlleva de facto la quiebra del principio de separación de poderes y del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Además, la independencia judicial, pilar básico de la justicia, es incompatible con la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.
Asimismo, los empresarios y directivos cristianos de Acción Social Empresarial, desde el Evangelio, la tradición cristiana y la Doctrina Social de la Iglesia, tenemos que añadir que la acción política en un Estado social y democrático de Derecho tiene que soportarse en la verdad, distinguiendo entre el bien y el mal, y la coherencia como medios para impulsar la justicia, el bien común y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Los pactos firmados, que sortean de forma flagrante el dialogo social, no solo destruyen los consensos constitucionales básicos si no que suponen una grave fractura social y comprometen el bienestar y el futuro político, social y económico de España. Los amplios consensos que se forjaron en torno a nuestra Constitución de 1978 y la estabilidad institucional que ésta ha propiciado nos han dado las mayores cotas de libertad y prosperidad de nuestra historia reciente, por lo que es responsabilidad de todos, empezando por nuestros políticos, favorecer el respeto y la salvaguarda de tales valores. La inestabilidad política y la inseguridad jurídica derivadas de dichos pactos contribuyen a retraer las inversiones extranjeras en nuestro país, dificultando el crecimiento económico y, consiguientemente, la actividad empresarial y la creación de empleo.
La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea deben guiar toda actuación política, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil en su conjunto, independientemente de la adscripción política, lugar de nacimiento, raza, lengua, sexo o religión de cada uno, con respeto de las libertades de pensamiento, expresión y opinión y los derechos de reunión y manifestación pacíficas, pilares básicos en los que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.
Rezamos a Dios, para que ilumine al nuevo gobierno a fin de que priorice los esfuerzos por retornar a la senda de los grandes consensos constitucionales que contribuyan a diluir la elevada polarización actual.
En Madrid, 22 de noviembre de 2023
