El pasado 30 de diciembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-Ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que recoge el acuerdo sobre la materia alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.
Pendiente de aprobación parlamentaria, no obstante, mucho se ha escrito ya, y más que se hará en los próximos meses, sobre la tan anunciada reforma laboral, que como no podía ser de otra manera, en una España tan polarizada, cuenta con fervorosos entusiastas y con acérrimos detractores. Desde Acción Social Empresarial- ASE pretendemos en esta primera reflexión acercarnos, desde una visión empresarial, a la reforma laboral a través de la óptica del pensamiento social cristiano, intentando conjugar lo que entendemos son sus aspectos positivos y sus principales déficits.
Previamente debe decirse que, pese a voces que pregonan encontrarnos ante una reforma histórica, ciertamente estamos ante una reforma puntual y no estructural que, en lo esencial, mantiene los mecanismos de flexibilidad interna y colaboración empresarial establecidos por la reforma del 2012, que justo es reconocer ayudaron a superar la crisis de 2008, favoreciendo la creación de tres millones de puestos de trabajo, y a afrontar la derivada de la pandemia, con mecanismos útiles como los Ertes, que ahora se refuerzan.
Insistía recientemente el Santo Padre en su mensaje a la 109 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (17 de junio de 2021), en la necesidad de buscar soluciones que “nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de la negociación colectiva, y que promueva el bien común (…)”, de ahí que consideremos que el principal éxito de la reforma ahora aprobada sea precisamente que es fruto del diálogo social, tan necesario en periodos de crisis como el actual; diálogo y acuerdo que muchos olvidan no tiene necesariamente que significar conformidad, manteniéndose las lógicas reivindicaciones por ambas partes, la social y la empresarial.
Es lugar común que los principales problemas de nuestro mercado de trabajo son el desempleo y la temporalidad, por este orden. Indudablemente, hay otros ya identificados como son la formación profesional, sobre todo en los sectores industriales, la dificultad de los jóvenes de acceder al mercado de trabajo, la exclusión de éste de trabajadores cualificados a partir de los cincuenta años, o la necesaria equiparación salarial; pero ahora surgen otros nuevos derivados del teletrabajo o de las nuevas tecnologías, que deben ser abordados desde la centralidad de la persona en las relaciones económicas y la necesaria corresponsabilidad empresario-trabajador en el desarrollo de un proyecto compartido como es una empresa, pero sin olvidar que la propia Doctrina Social de la Iglesia reconoce “la justa función de los beneficios, como primer indicador del buen funcionamiento de la Empresa” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nº 340).
Los beneficios empresariales son necesarios, en otro caso las empresas cierran y con ello los puestos de trabajo desaparecen. Las empresas mercantiles sirven a las personas y a la sociedad obteniendo beneficios económicos, y para alcanzar este objetivo deben ser competitivas y productivas, no conviene olvidarlo, como tampoco conviene olvidar, que la distribución del tejido empresarial español está constituido en un porcentaje muy elevado por Pymes y Microempresas, lo que hace especialmente necesario atender sus particularidades para asegurar la eficiencia de las mismas.
En relación con el problema de la alta temporalidad del mercado laboral español -según las últimas cifras registradas por la oficina estadística europea, Eurostat, el porcentaje de empleados temporales en España alcanzaba el 24,7 %, tasa 11,1 puntos superior a la media de la Unión Europea- ecuánime es reconocerle a la reforma el esfuerzo por reducir estas cifras -en realidad es su principal objetivo contribuyendo con ello a dignificar las condiciones de trabajo para que en definitiva el trabajo “sea humano”.
Para ello apuesta por potenciar una modalidad contractual ya existente como son los contratos fijos discontinuos ampliando el radio de acción de estos, y el reforzamiento del carácter indefinido del contrato de trabajo (que ahora se presume como tal), reduciendo las modalidades contractuales de duración determinada y evitando el encadenamiento de los contratos de muy corta duración (los tristemente famosos “viernes negros”), al objeto de reforzar de este modo la seguridad y estabilidad laboral de muchos trabajadores, favoreciendo su situación económica y personal, y con ello, la de sus familias.
La intención puede ser buena, quizá poco realista en determinados sectores como el agrario o la hostelería, y presumiblemente fuente de litigiosidad y destrucción de empleo en el corto plazo derivadas del proceso de transformación de los contratos temporales actuales en indefinidos, y el aumento indirecto de las indemnizaciones en caso de despido que ello supone, pero en todo caso solo el tiempo dirá si son medidas eficientes o no, o incluso si resultan medidas meramente cosméticas para atender a las exigencias de Bruselas para el advenimiento de fondos europeos, como sostienen los detractores de la reforma.
En la línea indicada por el Papa Francisco, entendemos que otro aspecto positivo de la reforma es el refuerzo de la negociación colectiva sectorial, otorgando el protagonismo a los sindicatos y organizaciones empresariales, como modo de favorecer el necesario diálogo social y fortalecer con ello a los diferentes sectores empresariales en la dimensión común que, con sus particularidades, cada uno de ellos tiene. Para ello, sería deseable reforzar la representatividad, mediante la mayor afiliación o asociación, de unos u otras, y esforzarse porque el diálogo sea constructivo, de “altas miras” e independiente, sin tutelas, al margen de los intereses políticos e ideológicos del gobierno de turno.
En cualquier caso, el marco de negociación colectiva propuesto por la reforma no proscribe los convenios de empresa. En la práctica los convenios colectivos sectoriales tendrán prevalencia sobre los de empresa en el salario base, pero estos seguirán teniéndolo en lo relativo a la jornada de trabajo. Por otra parte los convenios estatales tendrán prioridad sobre los autonómicos. Respecto a la ultractividad de los convenios, estos seguirán vigentes sin límite de tiempo hasta que se alcance un acuerdo para renovarlos -hasta ahora era un año máximo, aunque en la práctica judicial esto ya era así-. Finalmente, en el ámbito de la subcontratación, los contratos de los empleados de la contrata se regirán por el convenio del sector de la actividad desarrollada, no por el de la empresa que contrata como pretendían en la negociación el Gobierno y los sindicatos
Pese a los alentadores datos de contratación y afiliación del mes de diciembre de 2021, no puede perderse de vista que el principal problema social en España es el desempleo, con una tasa del 14.5% frente al 6,7% de promedio en la Unión Europea, con especial virulencia en el paro juvenil, femenino y de larga duración a partir de los cincuenta años. Por otra parte, según datos del Ministerio de Seguridad Social el sector privado habría perdido más de 18.000 empleos en los últimos dos años, y los buenos datos de contratación se deben en gran medida al sector público, con 222.424 puestos de trabajo más.
Recientemente, con motivo del acuerdo alcanzado por los agentes sociales, nos recordaba el Obispo de Osma-Soria D. Abilio Martínez Varea, responsable de la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, que la legislación laboral tiene como objetivo fundamental colaborar a que se respete la dignidad del trabajo y que se realice en condiciones dignas, sin olvidar que el principal problema laboral es la falta de trabajo que afecta a millones de personas, por lo cual habrá de facilitarse a las empresas la creación de empleo y el acceso a un trabajo digno a tantas personas que ven con incertidumbre su futuro.
No sin pesar, consideramos que la reforma laboral no afronta decididamente el problema del desempleo en España. A nuestro entender, es una ocasión perdida para haber establecido medidas que favorezcan la creación de empleo privado de calidad por empresas y autónomos, que por otra parte se ve lastrada en gran medida por otras decisiones del Gobierno, como son la subida de las cotizaciones sociales y de las cuotas de los autónomos, que frenan las contrataciones, y reducen la competitividad de las empresas españolas, especialmente de las Pymes y Microempresas. Se echan en falta nuevas medidas fiscales, sociales y económicas complementarias que incentiven la actividad empresarial, y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo por las empresas.
Por otra parte, consideramos que se ha desaprovechado una gran ocasión para afrontar algunos de los principales problemas laborales de actualidad y de un futuro próximo, como son el teletrabajo, y su repercusión en las condiciones laborales y de conciliación familiar, la robotización, la cuestión demográfica o los “falsos autónomos”, incluidos los denominados trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trades).
Llegados a este punto, consideramos que es esencial interiorizar que el empleo es el verdadero escudo social del que hablan nuestros políticos. Más allá de las subvenciones o ayudas temporales necesarias (provisorias, en palabras del Papa Francisco), el trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre que, más allá de su justa retribución, le dignifica como persona. Recordamos aquí y ahora la doble dimensión, individual y social, del trabajo humano que San Juan Pablo II resumía en la Carta enc. Centesimus annus en los siguientes términos: “Hoy, principalmente, el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros: es hacer algo para alguien”, o las palabras del propio Papa Francisco en su video-mensaje al 57º Coloquio “Logremos una Argentina sostenible” organizado por el Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina:
“el trabajo expresa y alimenta la dignidad del ser humano, le permite desarrollar las capacidades que Dios le regaló, le ayuda a tejer relaciones de intercambio y ayuda mutua, le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y desarrollar este mundo, le hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos, y, precisamente por eso es, más allá de los cansancios y dificultades, el camino de maduración, de realización de la persona, que da alas a los mejores sueños”.
Por todo ello, en Acción Social Empresarial-ASE entendemos que en este momento histórico las empresas son, más que nunca, parte fundamental de la estructuración social, y los poderes públicos, respetando el principio de subsidiariedad, deben esforzarse en incentivar y promover la noble vocación del empresario que busca “con creatividad” (resaltaba el Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro en el último Encuentro Anual de Socios de ASE) producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo.
Desde 1951, año en que se constituyó Acción Social Empresarial-ASE, los empresarios y directivos cristianos hemos sido testigos de muchas reformas laborales, de distinto signo, por eso somos conscientes de que solo el tiempo valorará en su justa medida la reforma actual. Mientras tanto, nos ponemos al servicio de los empresarios y de la Iglesia para poder contribuir a su éxito, que será el de todos.
Carlos Jiménez Muñoz
Vicepresidente Acción Social Empresarial-ASE
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